Hace
un poco más de un mes, la zona del Catatumbo esta envuelta en protestas
campesinas, intervenciones gubernamentales para disminuir la fuerza de los
lugareños y múltiples versiones sobre la realidad de los sucesos que motivaron las huelgas. Por versiones que se encuentran en la red, la
televisión y la radio, se puede realizar un análisis rápido del suceso, pero,
naturalmente, existe un “pero” en dicho análisis.
Para
iniciar, se sabe que en el lugar hay presencia de cultivos ilícitos y que, por
lo tanto, el gobierno está tratando de controlar su proliferación; acción que
se ve muy complicada porque, al parecer, en la zona no hay “fuerza pública”.
Así, en el afán de disminuir los productos de estos cultivos ilícitos, el
gobierno procura fumigar, muy posiblemente, con “Glifosato” (Monsanto cambió el
nombre a “Roundup” por motivos evidentemente comerciales) los terrenos donde,
presumiblemente, “únicamente” hay cultivos ilegales. Desde el punto de vista
químico, también se sabe que es imposible que el agente activo del compuesto a
fumigar, afecte, mate, debilite o anule, única y exclusivamente a tales
cultivos ilícitos; en otras palabras, lo que se fumiga con estos compuestos
tiende a desaparecer (cualquier tipo de cultivo).
En
versiones de la prensa nacional se habla de 20000 hectáreas ,
(20%) del área total del Catatumbo. Cabe recordar que el efecto de las
fumigaciones se multiplica cuando hace efecto la escorrentía o un simple
fenómeno eólico, por lo tanto, estas fumigaciones también pueden interferir en
el desarrollo de otros productos agrícolas.
Así,
esta estrategia gubernamental fue, entonces, el detonante de las protestas
campesinas. Ahora, con este precedente, vale la pena tener presente las
versiones “oficiales” de las diferentes instituciones presentes en este
territorio.
Por
ejemplo, con las protestas campesinas, se hizo presente la “fuerza pública”,
pero no la verde, sino la negra, el ESMAD, y con varios días de enfrentamientos
entre acorazados y “enruanados”, salieron a la luz los primeros testimonios.
Naturalmente, inicia la entidad asociada al gobierno, diciendo que los
campesinos estaban armados y que los agentes del orden público respondieron al
ataque; acto seguido, se defienden los campesinos con un comunicado presentado
por su vocero, argumentando que han sido blanco de disparos y de excesos por
parte de la “fuerza pública”. Es aquí donde se encuentra una clásica disputa de
versiones ¿A quien se le cree?
Hay
que reconocer un punto a favor para los entes de desinformación gubernamentales,
y es que desde hace mucho tiempo es conocida la presencia de grupos armados
ilegales en la zona y que, presumiblemente, existen intereses específicos de
algunos de estos grupos armados que van más allá de las fronteras colombianas y
que no sobrepasan las cubanas.
Hay
versiones “oficiales” que los escépticos procurarán refutar o fortalecer, en
procura de hacer un bien al orden público y la sana información de la sociedad.
Pero existe un “pero” para las versiones “oficiales” que son asumidas como
verdaderas y que son extraídas de los medios de desinformación, esas versiones
no son sometidas a investigación o a la mínima duda, porque, al parecer, gozan
de inmunidad según el interlocutor que ofrezca dicha versión. Dicho en otras
palabras, ¿Adivinen a quien se le cree más, a un expresidente o a un periodista
independiente?
Notícula:
Hace unos días, un canal de televisión dio a conocer un audio (de muy mala
calidad) en el cual se reconocía a la exsenadora Piedad Córdoba, supuestamente,
estimulando arengas a favor del grupo guerrillero de las FARC. Horas después de
esta irresponsabilidad por parte del canal, se conoció el audio con nitidez
inigualable. El canal, hasta ahora, no ha presentado disculpas a sus televidentes.
